La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), la mayor organización sindical de la estiba, inició este lunes el primero de tres paros intermitentes -se llevarán a cabo todas las horas impares-, que se repetirán el miércoles y viernes de esta semana.

A finales de mayo, la CETM convocó a ocho días de huelga para defender sus puestos de trabajo, que consideran en peligro tras una reciente reforma del sector, de los cuales ya secundaron masivamente cinco.
Los estibadores no pueden derribar la flamante normativa, que traspone al derecho español una directriz europea, pero exigen a la patronal Anesco que se siga garantizando la ocupación laboral al 100 por ciento de ellos.
Para apoyar su demanda, observaron tres jornadas de huelga parcial los días 5, 7 y 9 de junio y una paralización ininterrumpida de 48 horas el miércoles y jueves de la semana pasada.
La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) rechazó el viernes último una propuesta de la CETM para solucionar el conflicto sobre sus condiciones de contratación.
En su ofrecimiento, el gremio reclamó que se garantice el trabajo a sus seis mil 150 operarios a cambio de aceptar una rebaja salarial del cinco por ciento.
Los empresarios de la estiba explicaron entonces en un comunicado que decidieron no votar la oferta sindical, al considerar que incurre en 'posibles infracciones de las leyes en defensa de la competencia'.
Según el Ministerio de Fomento, las cinco primeras jornadas de protesta se saldaron con pérdidas de unos 146 millones de euros, como consecuencia de la reducción de las cargas y descargas y el atraco de buques en puertos alternativos como el de Tánger (Marruecos).
A mediados de mayo, el gobierno conservador español de Mariano Rajoy logró sacar adelante en el parlamento una polémica reforma para liberalizar las operaciones portuarias, impugnada por las centrales obreras al estimar que pone en peligro la ocupación laboral.
Para la CETM, el principal objetivo de este decreto, requerido por la Unión Europea, es poder despedir de forma masiva y con fondos públicos a los estibadores, con el fin de colocar a otros en peores condiciones laborales y en beneficio de las compañías.