Los hechos fueron denunciados por la Fiscalía contra responsables del Consejería de Agricultura, de la Confederación Hidrográfica del Segura y diversos agricultores

El titular del juzgado de Instrucción 2 de Murcia acuerda mantener la unidad de las Diligencias Previas 2750/2017, iniciadas tras la denuncia de la Fiscalía por el deterioro sufrido por el Mar Menor como consecuencia de los vertidos de la agricultura.

En el auto dictado ayer, el magistrado estima el recurso de reforma interpuesto por el Ministerio Fiscal y Ecologistas en Acción de la Región de Murcia, y deja sin efecto el desglose de la causa, ordenado en una resolución anterior, para conocer por separado de los supuestos delitos que se imputan a los funcionarios de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a los de la Confederación Hidrográfica del Segura, a diversos agricultores y a la empresa INSAL.

Fundamenta la resolución, recogiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo, que “el riesgo concreto como la afectación del espacio protegido (Mar Menor) se ha podido producir por una pluralidad de causas que unidas han coadyuvado para provocar el resultado típico final, bien en forma de riesgo para el medio ambiente (art. 325 CP) o de deterioro de un elemento protegido (art. 330 CP)”.

Igualmente, el auto acuerda mantener, como hechos a investigar, el apartado de la denuncia relacionada con la ausencia de la planificación que sobre el Mar Menor pesaba sobre los responsables y funcionarios de la Consejería de Agricultura conforme a la legislación vigente. Y ello, según la resolución, porque pese al inicio del Plan de Ordenación de los recursos naturales de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (PORN), en 1998, y reinicio en el año 2003, no se llegó a producir su aprobación definitiva. Lo que “hace preciso indagar en las causas que provocaron que durante casi quince años no se llegara a elevar un Plan Definitivo”.

Finalmente, el auto acuerda también dejar sin efecto la práctica de las diligencias relacionadas con la solicitud de informes a la Abogacía del Estado y a la Intervención General de la Administración del Estado. Se recuerda que la resolución recurrida acordaba oficiar a ambas instituciones para determinar las competencias y personal responsable de la conservación del Mar Menor entre los años 2009 y 2015, la normativa que habría sido incumplida, y los posibles responsables de este incumplimiento. La nueva resolución recoge, sin embargo, que la Abogacía del Estado “no es una institución adecuada para emitir informe en la causa que nos ocupa” dada la evidente vinculación con la Administración General del Estado, y respecto a la Intervención General, entiende que “los informes requeridos se apartan de las materias sobre las que de ordinario pueden informar, a saber, la económica, tributaria o de contratación pública”.

La resolución citada desestima, por contra, otros siete recursos presentados.

El auto no es firme y frente a él cabe recurso de apelación

Otros recursos

En otros cuatro autos dictados ayer, el magistrado sobresee la causa respecto de dos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura, al entender que no tenían competencias en los hechos investigados, y sin embargo, mantiene, en este momento inicial de la investigación, la imputación del que fuera comisario de aguas y de un funcionario de la consejería, al entender que podrían tener competencias de supervisión.