Desde hace unos días se ha conocido la noticia de que, con una burda excusa de autorización administrativa que se deniega en razones absolutamente faltas de la más elemental lógica jurídica, se impide la salida del único barco que ahora mismo está haciendo la labor humanitaria que los propios gobiernos de la Unión Europea deberían estar haciendo, y están contribuyendo con ello a que ascienda el contador de muertos invisibles.

Un gobierno debe respetar a sus ciudadanos y a su inteligencia antes incluso que a las leyes que se han dado, y entre las que está la limitación de la arbitrariedad de la Administración, por mucho que se esconda en indignantes subterfugios.

El derecho a la vida no es sólo a una palabra consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución, es la obligación jurídica y ética que tenemos todos, especialmente los estados, de acudir en auxilio de quienes sufren el peligro sobre ella, o cuanto menos, no poner obstáculos a quienes admirablemente toman la iniciativa.

Que nadie se llame a engaño: aquel que impide el único salvamento posible es porque quiere que el Mediterráneo sea una fosa común en la que caigan todos los que se atrevan a intentar atravesarlo, como única disuasión para sostener una hipócrita política de cierre de fronteras. Ya no es sólo la ultraderecha europea quien sostiene semejante política de exterminio.

La actuación de la Autoridad Marítima de Barcelona no merece calificativos, sino sólo la expresión de nuestra repugnancia. El Ministerio de Fomento, con el Ministro José Luis Ávalos en su cabeza, debe responder de inmediato a las peticiones que otras Asociaciones, como Jueces para la Democracia o Fiscales Progresistas han hecho ya, y debe responder con una autorización inmediata de salida del barco. De lo contrario, deberá responder, si se escuda en su poder, con su conciencia y honor, por las muertes que no se están evitando.

COMUNICADO DE LA ASOCIACION DE ABOGADOS EXTRANJERISTAS

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