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En este sentido, el gerente de la Empresa Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), David Sánchez, señaló que la empresa privada que administra los puertos chilenos sube constantemente las tarifas a los exportadores bolivianos.

Alegan un pretexto irracional, que los minerales bolivianos contaminan el medioambiente y no así los chilenos, y nos han incrementado los costos de despacho de cargas hasta llegar a un 300 por ciento, sostuvo la víspera Sánchez en conferencia de prensa.

Reveló que se trabaja en opciones para que los exportadores de minerales eviten dichos incrementos.

Para ello, indicó, planean construir una infraestructura en territorio boliviano, próximo a la frontera, donde se pueda almacenar los productos nacionales antes de salir a terminales marítimas de la nación vecina.

Tenemos que coordinar estas acciones con todos los mineros y el sector comercial de nuestro país, subrayó.

Días atrás, el vicecanciller boliviano, Juan Carlos Alurralde, denunció la decisión de los administradores del puerto de Antofagasta de adoptar un nuevo sistema de operaciones cuyo costo se reflejará en un alza de las tarifas para los exportadores bolivianos, principalmente de minerales.

No aceptaremos ningún cambio de sistema o incremento de tarifas que se imponga de manera unilateral, vertical y discriminatoria, reafirmó Iturralde durante una intervención televisada.

El vicecanciller realizó un recuento histórico sobre las consecuencias de la Guerra del Pacífico, que en 1879 privó a Bolivia de más de 400 kilómetros de costas y unos 120 mil kilómetros cuadrados de territorio, lo cual condicionó su actual situación mediterránea.

Señaló que Antofagasta era el mayor puerto boliviano; "era nuestra conexión con el mundo y dieron un golpe mortal y certero a nuestro comercio exterior".

Recordó que en 1904, ambos países firmaron lo que consideró "un mal llamado acuerdo de paz y amistad", por el cual Santiago se comprometió a garantizar un libre tránsito por los puertos del Pacífico y no imponer de manera unilateral ninguna norma, tarifa o regulación arbitraria a las mercancías sin contar con Bolivia.

No obstante, precisó el vicecanciller, en 2003 fue privatizada la rada y el gobierno chileno entregó a la empresa privada ATI (Terminal de Antofagasta) todas las obligaciones sobre libre tránsito con Bolivia.

En su opinión, tal acción es una violación flagrante al derecho internacional, pues se imponen exigencias por pagos anticipados e incluso, exigen boletas de garantía para prestar servicios.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia, Guillermo Poumont, denunció las pérdidas del sector durante 18 años debido a lo que calificó de arbitrariedades por parte de autoridades chilenas en el puerto de Antofagasta.

Hemos perdido unos 30 millones de dólares por concepto de pago adicional de fletes desde 1998, aseguró Poumont en conferencia de prensa.

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