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La norma que hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros no ha sido enviada ni a los sindicatos ni a la patronal, justo lo contrario del compromiso que adquirió el Gobierno. Ante esta situación, si procede, volverá a presentarse preaviso de huelga.

 

12 de mayo de 2017

Los trabajadores de la estiba se sienten engañados y rechazan de manera absoluta y enérgica el nuevo real decreto ley aprobado hoy en el Consejo de Ministros, pues no conocen su contenido y, por lo tanto, no han tenido oportunidad de analizarlo y aportar propuestas, tal como se comprometió el ministro de Fomento, con ellos y con la patronal, que haría. Se trata, una vez más, de una postura autoritaria y abusiva, que no responde al consenso que decían perseguir ni al diálogo social, que promulga Europa. Si, como sospechan los trabajadores, el texto es prácticamente idéntico al rechazado el 16 de marzo en el Congreso, se trata de una norma que no protege la totalidad de los empleos ni la profesionalidad de la estiba, como también se comprometió el Gobierno, y que no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales.

A pesar de los múltiples ofrecimientos de diálogo y consenso hechos por los estibadores, incluso del acuerdo alcanzado por trabajadores y patronal, el ministro de Fomento ha preferido seguir adelante con un plan opaco del que, a día de hoy, se desconoce su fundamento; todo apunta a que solo busca el bienestar de las grandes corporaciones.

Incluso ante esta situación, el colectivo de estibadores portuarios hará un nuevo ejercicio de responsabilidad, analizará el texto del real decreto, cuando lo remita el Gobierno, que esperan sea hoy, y una vez evaluado tomará las decisiones pertinentes. Si el texto no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad de la estiba se plantean acciones contundentes como el ejercicio del derecho a la huelga. Del mismo modo, se establecerán contactos con todos los grupos parlamentarios para solicitarles el rechazo a una iniciativa del Gobierno, impuesta de una forma autoritaria y de manera contraria a lo que prometió que haría a los agentes sociales y a los empresarios, que esconde un expediente de regulación de empleo para más de 6.000 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva.

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