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Colombia reafirmó de ese modo el compromiso frente a la lucha contra la pesca ilegal y con respecto a la conservación y óptima utilización de los recursos hidrobiológicos del medio marino, así como los recursos pesqueros existentes.

Al refrendar el documento de la CPPS, el país hizo ver su preocupación por la explotación incontrolada de recursos marinos en aguas internacionales adyacentes a zonas bajo jurisdicción nacional, lo que considera como una amenaza para la conservación, ordenación y uso sostenible de tales recursos.



Los estados ribereños del Pacífico Sur tienen el derecho y el deber de asegurar la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros existentes en su propia subregión, incluidos aquellos que migran desde las zonas bajo su jurisdicción nacional hacia mar afuera y viceversa, expresa la citada declaración.

La CPPS es un organismo regional para la coordinación de las políticas marítimas de sus estados miembros y está conformada por Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Según esa instancia, se ha detectado en aguas internacionales adyacentes a los espacios marítimos bajo jurisdicción de Ecuador y Perú, embarcaciones con bandera extranjera realizando actividades pesqueras dentro del área de aplicación de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (SPRFMO, por sus siglas en inglés).

Dado lo anterior la CPPS solicitó a la CIAT y a la SPRFMO se investigue la presumible pesca de especies protegidas y altamente migratorias en las áreas de sus competencias y apliquen, en caso de que procedan, las sanciones pertinentes de acuerdo con las medidas de conservación y ordenamiento vigentes

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