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Nicaragua y Costa Rica comparten 309 kilómetros de frontera y un litigio de cinco años que hoy espera por un fallo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la ciudad neerlandesa de La Haya.

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Jurídico 16 Diciembre 2015
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El prólogo del conflicto tuvo lugar el 19 de octubre de 2010, cuando la parte nicaragüense, en uso de su derecho soberano, inició labores de dragado del curso inferior del río San Juan, a fin de recuperar su caudal original y la navegabilidad.

Tres días más tarde comenzó el actual diferendo fronterizo, cuando San José acusó a Managua, por supuestos daños a su territorio debido a los sedimentos extraídos del cauce, y a continuación protestó por la presencia de militares nicaragüenses en un pequeño humedal situado en el delta de la vía fluvial.

Para los costarricenses se trata de la isla Portillo o Calero, mientras los nicaragüenses la conocen como Harbour Head, una porción de territorio inferior a tres kilómetros cuadrados de extensión que reclaman ambos países.

En 2011 Nicaragua presentó también ante la corte internacional una instancia por los daños ambientales causados al río fronterizo (bajo su jurisdicción pero con derechos de navegación para el país vecino), cuando el gobierno de Costa Rica construyó una carretera paralela al curso fluvial.

Los propios expertos costarricenses reconocen que, como consecuencia de la erosión causada por la construcción desordenada e irresponsable de la carretera, por lo menos 75 mil toneladas anuales de sedimentos son derramadas en el río desde el inicio de la construcción en 2011.

Así lo precisó en abril de este año el abogado Carlos Argüello, al frente del equipo de juristas nicaragüenses ante la CIJ.

Especialistas de este país calculan la cantidad de sedimentos aportados por la carretera y vertidos a la corriente, en 240 mil toneladas cada 12 meses, situación que hace imposible la navegación fluvial en la estación seca.

El 23 de abril de 2013, tras varias medidas cautelares, la CIJ decidió tramitar de manera conjunta las dos disputas fronterizas.

Se sucedieron otras desavenencias bilaterales sobre el tema, hasta que el 14 de abril del presente La Haya abrió un período de dos semanas de audiencias a fin de que Costa Rica y Nicaragua presentaran sus argumentos finales en las dos pugnas llevadas a juicio.

Abocados a la fecha conclusiva del caso, políticos y expertos en Nicaragua analizaron desde una posición optimista cuál puede ser el desenlace del doble expediente por el desacuerdo fronterizo.

El canciller Samuel Santos aseguró que espera el fallo con toda la confianza del mundo, pues el equipo legal nicaragüense realizó un excelente trabajo.

Añadió el titular de Relaciones Exteriores que su país presentó al máximo tribunal internacional toda la documentación correspondiente y calificó de solidísimos sus argumentos.

Mauricio Herdocia, jurista especializado en derecho internacional, consideró que la CIJ ratificará el derecho soberano de su país a realizar trabajos de limpieza y dragado en el río San Juan, y le dará la razón a las denuncias hechas en el tema de los daños ocasionados por la carretera o trocha costarricense.

Respecto a Harbour Head, calificó la situación de más compleja porque los dos países tienen argumentos a debate ante la Corte.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, convocó al gobierno del país vecino a acatar la sentencia de la CIJ del mismo modo que Nicaragua ha hecho a lo largo del tiempo en correspondencia con lo estipulado por el Derecho Internacional y los veredictos de La Haya como resultado de otros diferendos.

En la corte se tramita, además, y de manera diferenciada, una petición formulada por el gobierno de Costa Rica en febrero de 2014 que solicita la definición de los límites marítimos entre las dos naciones, tanto en el Pacífico como en el Caribe.

Para el fallo del tercer contencioso, aún no existe fecha anunciada.

La CIJ, único tribunal internacional de carácter universal con jurisdicción general, fue establecida por la Carta de la ONU en 1945 y sesiona desde 1946.{jcomments on}