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Publicamos e anexamos as alegacións que imos presentar na Sub-Delegación do Goberno en Pontevedra hoxe, xoves, 15, ás 11 da mañá, as confrarías de pescadores, mariscadoras, parquistas, produtores de mexillón, asociacións de armadores, federacións do mar de CC.OO., CIG e UXT  e plataformas en defensa das rías.

O modelo que vos remitimos vai encabezado pola PDRA, pero cada colectivo vai presentar o seu escrito de alegacións no citado acto conxunto..

Desde o goberno en funcións de Madrid elaborouse un "Borrador de R.D. do Marco para a Ordenación do Espazo Marítimo" que estivo a exposición pública no período vacacional -desde o 2 de Agosto ao 15 de Setembro-. Este feito e o propio contido do R.D. que centraliza a capacidade do Estado de definir o espazo marítimo galego, invadindo competencias do Estatuto e cita expresamente como competencia propia do Goberno central a acuicultura, ten xerado a alarma entre as organizacións do sector do mar, que vemos con desconfianza un novo intento de introducir a piscicultura nas nosas costas. Por todo isto, confrarías, produtores de mexillón, mariscadoras, plataformas en defensa das rías e as federacións do mar de CC.OO., CIG, e UXT, convocámosvos a un acto de entrega de sinaturas con alegacións na SUB-DELEGACIÓN DO GOBERNO EN PONTEVEDRA, mañana XOVES, 15 DE SETEMBRO ÁS 11 DA MAÑÁ NA ENTRADA DA SUB-DELEGACIÓN.

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SR. MINISTRO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
MADRID
Dn XAQUIN RUBIDO MUÑIZ en calidad de Presidente de la asociación PLATAFORMA
EN DEFENSA DA RÍA DE AROUSA (PDRA), integrada por cofradías de pescadores,
mariscadoras, parquistas, productores de mejillón y asociaciones medioambientalistas, con el DNI
35237278 J, DICE:
Que en conocimiento de la exposición pública del Borrador de Real Decreto por el que se
establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, presenta las siguientes
ALEGACIONES:
1. EN LO PROCEDIMENTAL.
PRIMERA.- La Directiva 2014/89/UE[1], en su artículo 15, establece su transposición por los
Estados miembros a más tardar el 18 de septiembre de 2016.
A su vez, conforme figura en la web del MAGRAMA, el plazo de consulta pública, finaliza
el 15 de septiembre de 2016.
Así pues, en el plazo de 2 días, el Ministerio habría de evaluar las aportaciones y
alegaciones de los sectores afectados, los grupos interesados y la ciudadanía en general -e incluirlas
en su caso en el borrador del Real Decreto-.
Pero es que además, tal como consta en el preámbulo -in fine- de dicho borrador, deberá
pasar por deliberación previa del Consejo de Ministros -habitualmente los viernes[2]- en este caso
viernes día 16 de septiembre, con lo cual el Ministerio dispondrá de CERO DIAS para evaluación
de la participación pública.
Situación que lleva a reflexionar si se cumplirá el plazo límite del 18 de septiembre
establecido en el instrumento legal comunitario, y con ello no tener consideración de las
aportaciones presentadas por la ciudadanía, o por el contrario, respetando a la ciudadanía, se
valorarán sus aportaciones y el borrador será objeto de deliberación en un Consejo de Ministros
posterior, incumpliendo el plazo estipulado.
Incide a mayores en esta consideración el hecho de dejar transcurrir el tiempo desde el 23 de
julio de 2014, fecha de la Directiva 2010/89/UE, poniendo en el límite cuestiones de gobernanza, de
transparencia y de participación de la ciudadanía, de los sectores y grupos de interés.
Así mismo, es de considerar el hecho de que la consulta pública se inserte en la web del
MAGRAMA el día 2 de agosto[3], mes de previsible baja actividad administrativa por ser el
periodo vacacional por excelencia, tanto a nivel privado como público, como es el hecho de que se
considere inhábil en determinadas áreas y actividades públicas.
Entendemos que se está vulnerando el papel que la participación ciudadana debe tener
en la gobernanza de la Unión Europea porque están convirtiendo el período de exposición
pública en un mero trámite administrativo sin finalidad alguna.
Por todo lo expuesto, consideramos que el plazo de exposición pública de 45 días, desde el 2
de agosto al 15 de septiembre, no responde al espíritu de la directiva 2014/89/UE ni al de la
directiva 2003/35/UE, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la
participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el
medio ambiente, por lo que impugnamos dicho plazo de exposición y requerimos que se abra un
nuevo plazo para permitir la PARTICIPACIÓN de todos los colectivos y personas afectadas.
SEGUNDA.- Abundando en el requerimiento expresado en la alegación anterior, consideramos
que un Gobierno en funciones no puede tramitar este borrador de R.D., porque el artículo 21 de la
ley 50/1997, de 27 de Noviembre, dispone que el Gobierno cesa tras las elecciones y continúa en
funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno y limitará su gestión al despacho ordinario
de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados
o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras
medidas.
Considerar por parte del Gobierno como criterio de "urgencia" el límite temporal para
transposición expresado en la propia Directiva no es de recibo cuando -además de lo indicado en la
alegación anterior- no se ha considerado el criterio de urgencia en la transposición de muchas otras
directivas a la legislación del Estado miembro incumpliendo los plazos estipulados. En
consecuencia lo expresado en el párrafo anterior no pierde virtud.
En virtud de esta norma y de otros artículos relacionados con la misma, que lo desarrollan o
que lo encuadran, como puede ser el artículo 42.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, de
régimen electoral general, si el Gobierno en funciones acuerda y publica este Real Decreto, sin
que se pueda afirmar que el Ejecutivo tuviera que afrontar con este Decreto un supuesto de mera
tramitación, urgencia o pudiera encontrarse ante una razón de interés general que requiriese una
actuación inminente, la norma es nula de pleno derecho.
Con independencia de la ausencia de motivación en su articulado que justifique la necesidad
de tal promulgación en estos momentos, la propia materia objeto de regulación no merece su
incardinación en ninguna de las circunstancias que pudieran autorizar la aprobación de una
resolución de tanta envergadura para muchos particulares y colectivos afectados, sobre todo cuando
se hace expresa alusión a una competencia -compartida u objeto de instrumentos de coordinación
nacional- como es la pesca, el marisqueo y, sobre todo, la acuicultura.
II.- EN LO SUSTANTIVO.
TERCERA.- Refiere el artículo 3.f) de interacciones entre tierra y mar, como "los efectos que las
actividades humanas en tierra pueden tener sobre la ordenación del espacio marítimo".
Sin embargo con esta definición, efectos de actividades humanas en tierra sobre la
ordenación del espacio marítimo (como proceso administrativo definido en el art. 3.b del borrador)
pudieran considerarse nulas (neutras) aunque tuvieran un impacto relevante y significativo sobre el
espacio marino.
Entendemos que para una correcta delimitación del concepto se debería eliminar "sobre la
ordenación", y definirlo en consecuencia como "los efectos que las actividades humanas en
tierra pueden tener sobre el espacio marítimo", confluyendo en el contenido del art. 8.1 y anexo
I de la Ley 41/2010 de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
CUARTA.- El texto del artículo 12 merece algunas reflexiones:
a) El título de este artículo en cuanto a "aplicación y gestión" no transmite fiel reflejo de su
contenido. Más bien habría de indicar "seguimiento" de los planes de ordenación.
b) Establece que … cada Departamento en el marco de sus competencias, en el marco sectorial
correspondiente, elaborará anualmente un informe...
O bien se elimina "en el marco sectorial correspondiente" porque este estaría dentro del "marco de
sus competencias" o se propone una redacción comprensible y ajustada al contenido que se pretende
trasladar con la norma.
c) Expresa que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar evaluará el contenido
de los planes…
Entendemos que se quiso decir "… evaluará el contenido de los informes…" pues la evaluación
de los planes, conforme lo establecido en el artículo 7.1.d), está encomendada a la Comisión
Interministerial de Estrategias Marinas.
QUINTA.- En la gobernanza propugnada por la UE, la participación pública se consolida como
pilar sólido en la elaboración de normas, estrategias y planes, y su consideración queda
profusamente reflejada en diversos instrumentos jurídicos, incluida la presente Directiva
2014/89/UE.
Sin embargo, el borrador de Real Decreto establece en el art. 7 el procedimiento de
elaboración de los planes de ordenación marina, concluyendo el mismo (apartado d) con remisión
de propuesta de planes a la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, haciendo referencia
aquí a la participación pública.
Esta redacción no recoge el espíritu de la Directiva 2014/89/UE conforme a lo dispuesto en
el art. 6.2.d) de la Directiva en relación con su art. 9.1), que establece que los Estados miembros
imperativamente recabarán la participación de los grupos de interés, informando y consultando,
"desde las fases iniciales de la elaboración de los planes" -aspecto que el borrador recoge en el art.
8, pero como decimos, ubica erróneamente en el artículo 7.d).
En este caso concreto, la participación ciudadana puede contribuir eficientemente, por
ejemplo, en el apartado 7.a) -desde la fase inicial de elaboración del plan- contribuyendo en la
realización del inventario de actividades y usos consuetudinarios, aunque los mismos pudieran no
estar regulados.
Por lo tanto, es en el artículo 7.1 donde debería incluirse la participación pública
-información y consulta-, por eso
proponemos la introducción de un nuevo apartado del artículo 7.1 que dice lo siguiente:
Se abrirá un período de participación pública para que cualquier entidad o asociación
afectada pueda realizar aportaciones previas para que se tengan en cuenta en la elaboración
de los Planes de ordenación del espacio marítimo.
SEXTA.- Considerando que el art. 4.5 del borrador del R.D. del Marco para la Ordenación del
Espacio Marítimo establece que se tendrán debidamente en cuenta las peculiaridades de las
demarcaciones marítimas, las actividades y usos existentes y futuros.
Considerando que el art. 8 del citado borrador dice que se establecerán los medios para
hacer posible la participación pública, desde las fases iniciales de la elaboración de los planes de
ordenación marítima, informando a todas las partes interesadas y consultando a los grupos de
interés y autoridades pertinentes, añadiéndose en el apartado 2 de dicho artículo que se velará
porque los grupos de interés y autoridades pertinentes, así como el público afectado, tengan acceso
a los planes una vez concretados.
Considerando las peculiaridades y la riqueza, no sólo de las rías gallegas sino también del
conjunto del litoral costero, del que dependen miles de familias.
Considerando que el seguimiento de la aplicación de los planes (art. 7.2 y art. 12), la
apreciación de deficiencias o eventuales mejoras y la posibilidad de su revisión pueden ser
aportados por los directamente afectados/as que conocen de primera mano, por su actividad diaria,
todas las incidencias que los planes pudieran provocar.
Considerando todos estos aspectos, entendemos que la elaboración del Plan de Ordenación
de la Demarcación Marina que incluya a Galicia debe contar con una mayor participación
ciudadana que la contemplada en el borrador.
Por lo que alegamos que el artículo 8.2 debe estar redactado en los siguientes términos:
Artículo 8.
2.- Se velará asimismo porque los grupos de interés y autoridades pertinentes, así como el
público afectado y las diferentes organizaciones medioambientalistas, de pescadores,
mariscadores y mitilicultores, tengan acceso a los planes en todas sus fases de elaboración y
revisión y puedan alegar también a los informes anuales de seguimiento que elabore cada
departamento en el marco de sus competencias.
SÉPTIMA.- El artículo 4.5) establece que se tendrán debidamente en cuenta las peculiaridades de
las demarcaciones marinas, aspecto sumamente relevante por la disparidad de condiciones de los
espacios de cada demarcación, y aún más allá de la demarcación marítima, debiera preceptuar la
contemplación de espacios marítimos menores para mejor adaptación a su especificidad; así por
ejemplo nada tienen que ver las condiciones de las rías gallegas con cualquier otro espacio de la
costa peninsular o insular.
Sin embargo, el artículo 7 establece el procedimiento de elaboración de los planes de
ordenación marina y asigna a los departamentos ministeriales la realización de las actividades de
ordenación, y como principal protagonista la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, en cuanto elaborará (7.e) la propuesta de planes de ordenación de las demarcaciones marinas
(7.d).
Las Administraciones Autonómicas, que forman parte de la estructura de la Administración
del Estado, serían en este caso también las que mejor pudieran dar cumplimiento al contenido del
artículo 4.5), no obstante el borrador de la norma se desentiende -sin dar explicación- de su
protagonismo en la dirección, elaboración y aplicación de los mismos, concentrando toda la
tramitación en la AGE.
Para legislar en aras al mejor beneficio de los administrados sería pues necesario que el
artículo 7 contemplara la elaboración y tramitación del plan de cada demarcación marina por
la/s administración/es más próxima/s a los administrados, que son las Comunidades
autónomas, sin perjuicio de la necesaria coordinación.
OCTAVA.- De lo dicho en el apartado anterior respecto de las Administraciones protagonistas, y
del contenido del art. 10.1 en relación con el art. 4 que cita, se concluye que la AGE a través de los
planes de ordenación establecerá, determinará y aplicará la distribución espacial y temporal de
actividades y usos en las aguas marinas, exponiendo en el art. 10.2 que para el establecimiento de lo
previsto en el apartado primero se tendrá en cuenta … las zonas de acuicultura, zonas de pesca, etc.
Dado que la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia
establece en su artículo 27, la competencia exclusiva en materia de pesca en las rías y demás aguas
interiores, el marisqueo, la acuicultura, la caza, la pesca fluvial y lacustre, resulta clarividente una
invasión de competencias, en este caso de la C.A. de Galicia.
Se hace pues necesario en aras al cumplimiento legal y para la correcta defensa de los
intereses de los administrados, la reconsideración del texto del borrador en cuanto a
actividades, autoridades y Administraciones a las que compete.
NOVENA.- Más allá de lo indicado, relegar tal participación de las Administraciones
Autonómicas, requiere el estudio jurídico de las competencias de cada una y las de la AGE, y quizás
una explicación amplia de tal situación en su preámbulo.
Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar que algunas disposiciones del borrador
pudieran vulnerar las competencias autonómicas.
Aunque esta cuestión es responsabilidad del Gobierno en funciones de la Xunta de
Galicia, nosotros como ciudadanos gallegos/as defendemos las competencias exclusivas que
establece el art. 27 del Estatuto de Autonomía en materias de pesca, marisqueo y acuicultura y
consideramos que es una irresponsabilidad hacer dejación de ellas.
El artículo 7.2.d del borrador del R.D. atribuye al Consejo de Ministros la competencia para
la aprobación de los planes de ordenación, previa propuesta de la Comisión Interministerial de
Estrategias Marinas a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Ello podría vulnerar la
legislación española que atribuye competencias exclusivas a las CC.AA.
En este sentido y dada la reciente contestación social al intento unilateral de la Xunta de
Galicia de imponer una Ley de Acuicultura al servicio de la industria piscícola, llama
poderosamente la atención en contenido de la Disposición Final Tercera del borrador.
Ahí se faculta al Consejo de Ministros para aprobar mediante acuerdo los planes de
ordenación de los espacios marítimos.
Resulta curioso que el Consejo de Ministros apruebe un R.D. facultando al propio Consejo
para aprobar los planes, pero lo más llamativo de la redacción lo encontramos en el texto que
enumera (precedidas de un guión) las normas constitucionales que justificarían esa competencia del
Consejo de Ministros. Todas las materias se encuentran enumeradas en párrafos precedidos de ese
guión, excepto una: la acuicultura.
Pero lo más grave es que en la introducción de esa Disposición Final Tercera se busca el
amparo del artículo 149.1.13º de la Constitución Española, “que habilita al Estado en materia de
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” lo cual es cierto, pero
se añade: “como único título habilitante para las zonas de acuicultura” y eso no lo dice el
citado precepto constitucional y la Comunidad Autónoma de Galicia ostenta la competencia
exclusiva en materia de acuicultura.
Por todo esto, el Gobierno en funciones de la Xunta de Galicia está obligado a dejar
constancia de la vulneración de sus competencias.
DÉCIMA.- Considerando que mediante la directiva 2014/89/UE lo que se pretende es ofrecer un
marco para la ordenación del espacio marítimo, pero realmente son los Estados miembros -y en el
caso de Galicia su Comunidad Autónoma en su ámbito competencial- los que siguen siendo
responsables y competentes en lo que se refiere a designar y determinar, dentro de sus aguas
marinas, el formato y el contenido de dicha ordenación, incluyendo mecanismos institucionales y,
en su caso, cualquier distribución del espacio marítimo entre las distintas actividades y usos
respectivamente (considerando nº 11 de la directiva 2014/89/UE).
Considerando que están contempladas como posibles actividades a desarrollar en el espacio
marítimo, actividades como instalaciones de producción de energía a partir de fuentes renovables,
prospección y explotación de petróleo y gas, extracción de materias primas y acuicultura.
Considerando que los Estados miembros, al determinar la ordenación del espacio marítimo,
tendrán debidamente en cuenta las peculiaridades de las regiones marinas, las actividades y usos
existentes y futuros pertinentes y sus repercusiones en el medio ambiente, y los recursos, teniendo
también en cuenta las interacciones entre tierra y mar. (Art. 4.5 de la directiva 2014/89/UE).
Considerando que GALICIA ES ALTAMENTE DEPENDIENTE DE LA PESCA.
Considerando que la pesca, marisqueo y mitilicultura gallega son actividades de carácter
extensivo, artesanal y sostenibles y son las que se practican mayoritariamente en las rias y litoral de
Galicia.
Considerando que la acuicultura industrial o piscicultura no es compatible con los usos
tradicionales y mayoritarios del mar ni tampoco es sostenible en el tiempo y, además, cuenta con el
rechazo explícito de la sociedad gallega (masiva manifestación realizada el 27 de febrero de 2016
en Santiago de Compostela) que provocó la retirada de la Lei de Acuicultura por parte de la Xunta
de Galicia.
Considerando que ha sido el actual Gobierno en funciones el que a lo largo de su actividad
de gobierno ha impedido y/o dificultado el uso de las energías renovables por parte de la
ciudadanía, resultaría -cuanto menos- paradójico que aprovechara la ordenación del espacio
marítimo para promover que las multinacionales de la energía eléctrica y del petróleo instalaran sus
artefactos causando un perjuicio a nuestra gente del mar.
Por lo que presentamos la siguiente alegación, consistente en la introdución de una nueva:
Disposición Final.
En los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo en Galicia, por sus peculiares
características, se priorizará y garantizará el ejercicio de las actuales actividades pesqueras,
marisqueras y de mitilicultura frente a la introducción de actividades como instalaciones de
producción de energía, prospección y explotación de petróleo y gas, extracción de materias
primas y piscicultura.
Por todo ello,
SOLICITA:
Que presentado en tiempo y forma, se proceda a su evaluación y en consideración a su contenido, se
proceda a LA RETIRADA DEL BORRADOR DE REAL DECRETO por el que se establece un
marco para la ordenación del espacio marítimo, y subsidiariamente a realizar las modificaciones en
el Borrador de Real Decreto que se alegan en el cuerpo de este escrito.
En Galicia, para Madrid, el 15 de septiembre de 2016.
Fdo. D. XAQUIN RUBIDO MUÑIZ
PRESIDENTE DE LA “PLATAFORMA EN DENSA DA RÍA DE AROUSA”.
D.N.I. 35237278J
[1] Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que
se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo.
[2] www.moncloa.es
[3] www.google.es / consulta pública del borrador de Real Decreto por el que…

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