El acuerdo internacional entró en vigor el domingo 5 de junio y es jurídicamente vinculante para los 29 países firmantes y la Unión Europea, señaló la oficina regional de la FAO con sede en Santiago de Chile.
El acuerdo tiene como fin prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y es el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en el problema de la pesca ilegal.
Según la FAO, en mayo pasado se alcanzó el umbral para la activación del tratado con la adhesión oficial de al menos 25 países.
"Hoy es un gran día dentro del esfuerzo permanente para alcanzar una pesca sostenible que pueda ayudar a alimentar al mundo", dijo el director general de la FAO, José Graziano da Silva.
Da Silva invitó a los gobiernos que aún no suscriben el documento a unirse al esfuerzo colectivo para acabar con la pesca ilegal y salvaguardar el futuro de nuestros recursos oceánicos.
Además de los ocho países de América Latina y el Caribe, suscribieron el acuerdo Australia, Gabón, Guinea, Islandia, Mauricio, Mozambique, Myanmar, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Palau, República de Corea, Seychelles, Somalia, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tonga, Estados Unidos, la Unión Europea y Vanuatu.
En la 34ª Conferencia Regional de la FAO celebrada en marzo pasado, los países de América Latina y el Caribe solicitaron la asistencia del organismo para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
La FAO desarrolla un proyecto en Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana, con las autoridades pesqueras de esos países.
El oficial de Pesca y Acuicultura de la FAO, Alejandro Flores, dijo que ese proyecto "fortalecerá los procedimientos de vigilancia, monitoreo y control de la pesca, permitiendo salvaguardar los medios de vida y la producción de alimentos para las comunidades locales y contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos".
A los barcos sospechosos de estar involucrados en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se les puede denegar la entrada a los puertos o autorizarla únicamente para su inspección, pero sin otorgarles el permiso para la descarga de pescado, el repostaje o el reabastecimiento.
Según el acuerdo, también los buques a los que se haya permitido la entrada al puerto pueden ser objeto de inspecciones que se llevarán a cabo según una serie de normas comunes.
Esas embarcaciones deberán demostrar que el país cuyo pabellón enarbolan les autoriza a pescar, y que cuentan con las autorizaciones necesarias de los países en cuyas aguas desarrollan su actividad.
En caso contrario, o si en las inspecciones se encuentran evidencias de que los buques incurrieron en actividades de pesca ilegal, se les denegará cualquier otro uso de los puertos y serán denunciados como infractores.
Una vez que a un barco se le deniega el acceso a un puerto, o que las inspecciones detectan problemas, las partes deben trasladar esa información al país cuyo pabellón enarbola el buque e informar a las demás firmantes del Acuerdo y a las autoridades portuarias en los países vecinos.