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El Gobierno agudiza la lucha contra la pesca ilegal

Diario Marítimo ; 10 Agosto 2016  ; 772 visitas

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Se depurarán responsabilidades en la gestión de los buques Viking y Seabull 22, identificados como implicados en la pesca ilegal. Este expediente se inicia tras la revisión de la ingente documentación incautada en julio de 2015, en diversas localizaciones de las provincias de Coruña y Pontevedra. Continúa el análisis de la documentación recabada en otras localizaciones. España sigue aplicando una politica de tolerancia cero ante este tipo de prácticas

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado un expediente para depurar las responsabilidades en relación con la participación de personas físicas y jurídicas españolas en la  propiedad, gestión y explotación de los buques Viking y Seabull 22.

Ambos buques están identificados por diversos organismos internacionales como buques implicados en Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (Pesca INDNR). La pesca INDNR es una de las mayores amenazas para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y para la biodiversidad marina.

Esta iniciatva, que se enmarca en la Operación Sparrow 2,  continúa la senda marcada con la Operación Sparrow, que desembocó en un  expediente sancionador por el que el Ministerio impuso sanciones por un valor superior a 16 millones de euros, así como inhabilitaciones para el ejercicio de actividades pesqueras de entre 5 y los 23 años. También  supuso  la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas durante periodos que van entre los 5 y los 26 años, por la vinculación de personas físicas y jurídicas españolas con los buques Kunlun, Yongding, Songhua y Tiantai.

Inspecciones El expediente actual deriva de las inspecciones realizadas, previa autorización judicial, en el curso de la denominada Operación Sparrow2, por los servicios de inspección de la Secretaría General de Pesca en la sede de varias empresas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, los días 28, 29 y 30 de julio de 2015.

Durante dichas inspecciones se  obtuvo abundante documentación (superando los 10.000 documentos), de cuyo análisis se deduce la existencia de un entramado empresarial, presuntamente dirigido a ocultar a las autoridades españolas la propiedad, gestión y explotación de los mencionados buques.

Cabe destacar que el derecho comunitario prohíbe expresamente que los nacionales de los Estados Miembros presten cualquier tipo de ayuda a la pesca INDNR, o se beneficien directa o indirectamente de la actividad de los buques incluidos en los listados comunitarios de este tipo de actividad pesquera.

En este sentido, la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, modificada en esta legislatura por la ley 33/2014, tipifica como infracción muy grave, la participación en la explotación, gestión y propiedad de buques apátridas, o buques de países terceros identificados por las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera u otras Organizaciones Internacionales.

La Ley prevé sanciones entre 60.001 y 600.000€, así como la inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras, la pérdida de las licencias de pesca o la prohibición para obtener cualquier tipo de subvención o ayuda pública.

Listado comunitario de buques ilegales Los buques Viking y Seabull 22 han sido identificados por diversos organismos internacionales, como  CCAMLR (Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos) o SEAFO (Organización de la Pesca del Atlántico Suroriental) como buques implicados en pesca INDNR. Por este motivo, en el año 2010 ambos fueron incluidos en el listado comunitario de buques ilegales.

Con el objeto de obstaculizar la persecución de sus actividades, ambos buques han cambiado habitualmente de nombre. Así el buque Viking también ha utilizado los nombres Octopus I, Berber, Snake, Pion, The Bird, Chu Lim, Yin Peng, Thor 33, Ulyses, Gale, South Boy o Piscis, mientras que al Seabull 22 también se le conoce como Itziar II, Carmela, Gold Dragon, Golden Sun, Notre Dame, Mare o Mare Serenitatis.

Tolerancia cero Ante dichas prácticas, ha resultado clave el cambio normativo realizado por la Ley 33/2014, que refuerza las competencias del Ministerio en la lucha contra la pesca ilegal, al permitir la realización de inspecciones fuera de los buques y de las instalaciones de carácter estrictamente pesquero, previa obtención de autorización judicial cuando así fuese oportuno.

Así, la Operación BANDERAS dio lugar al inicio de expedientes sancionadores a los buques Anthony y Northern Warrior, todavía en tramitación, por la presunta explotación de buques apátridas y la utilización de documentación falsa con el objeto de obtener autorización para entrar en puertos españoles, Todas estas actuaciones ponen de manifiesto la firme voluntad de España de continuar siendo una referencia internacional en la lucha contra la Pesca Ilegal, No declarada y No Reglamentada.

España sigue aplicando una política de tolerancia cero ante la detección de este tipo de prácticas, no sólo en cuanto a los buques de bandera española, también en lo relacionado con actividades de sus nacionales en cuanto a buques apátridas  o con bandera de terceros, en cualquier parte del mundo.

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