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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado que el Gobierno andaluz enviará al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a mediados de febrero toda la información actualizada sobre el estado de la tramitación administrativa de cada una de las partes del proyecto de almacenamiento de  gas en Doñana, así como de cualquier recurso judicial o administrativo que se hubiera interpuesto contra los cuatro partes en el que se ha subdividido el mismo.

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha recordado que en la reunión celebrada en Bruselas, el pasado mes de noviembre, con el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, se comprometió a reunir toda la documentación necesaria sobre dicho proyecto para poder articular una intervención pronta y eficaz de las autoridades comunitarias, ya que "Doñana merecía un interés prioritario". En este sentido ha destacado, que pocos días después de este encuentro, concretamente el 26 de enero, la Comisión Europea dirigió un escrito al Reino de España solicitando toda la información sobre esta iniciativa.

Según Fiscal, en este encuentro se dejó claro que la Junta  de Andalucía no apoya el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana ni "la artificiosa división del mismo en cuatro" con el beneplácito del Gobierno central. Ejemplo de ello es que cuando la Ley lo ha permitido, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha emitido resolución ambiental negativa, como la referida al subproyecto denominado 'Marismas Oriental'. No obstante, para el consejero continúa siendo "indispensable la evaluación conjunta, y no compartimentada, de todas las acciones previstas en la zona".

En opinión del titular de Medio Ambiente, la Administración autonómica siempre ha mantenido una actitud activa en favor de Doñana, y así lo ha demostrado "alertando a la Unión Europea de las posibles amenazas que se ciernen sobre el buen estado" de este espacio natural. Es por ello, que se exigirá "al Gobierno de España que cumpla los requerimientos comunitarios y que colabore sin reservas".

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