Las organizaciones más representativas del sector de la pesca y la acuicultura de nuestro país[1] han solicitado al Gobierno la reducción urgente al 4% del tipo de gravamen del Impuesto sobre el Valor Añadido para los productos pesqueros, actualmente en el 10%, con el fin de equipararlo al del resto de los países de la UE, situarlo al mismo nivel del que se aplica en España a otros alimentos como el pan, los huevos, la leche, la fruta o las verduras –considerados de primera necesidad–; proteger los derechos de los consumidores, fomentar una dieta saludable y contener el descenso del consumo de pescado.

A través de una carta dirigida al presidente del Gobierno español, al vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y al ministro de Consumo, Alberto Garzón, las asociaciones firmantes demandan, además, una política social de apoyo a la alimentación saludable para niños y adultos –de la que el pescado forma parte sustancial como constatan numerosos estudios científicos– con un régimen impositivo adecuado y unas campañas educativas y de promoción del consumo acertadas y contundentes.