La Guardia Civil coordinada por EUROPOL, ha desarrollado la operación Txuspas, en la que han sido intervenidas 38,5 toneladas de “almejas japónicas”. Han sido y detenidas e investigadas 43 personas (39 españoles, 4 portugueses) siendo intervenidos 80.000 euros en metálico y localizada una guardería (almacén clandestino) donde almacenaban la almeja japónica procedente de Portugal. Se han realizado 6 registros y 7 inspecciones, siendo un total de 11 las empresas involucradas en la investigación.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) inició el pasado año las investigaciones a raíz de la intoxicación de veintisiete personas en distintos restaurantes de Cantabria y Asturias. Los investigadores han logrado demostrar la existencia de un grupo organizado dedicado a la pesca ilegal de los bivalvos en Portugal y su posterior comercialización a través de viveros españoles. Para ello, utilizaban dos rutas de entrada en España con destino final Huelva y Cantabria.
Tras un breve tratamiento de depuración mediante circulación de agua limpia, incapaz de realizar una depuración completa, la almeja contaminada era puesta en el mercado a través de comercios vinculados con la venta de moluscos y restaurantes.
Empresas encadenadas
La investigación ha permitido conocer la connivencia entre los suministradores de la almeja japónica y los responsables de los viveros, los cuales mezclaban los bivalvos intoxicados con la almeja adquirida legalmente, al objeto de hacer perder la trazabilidad. De esta forma, ante una posible intoxicación, resultaría imposible determinar el origen, intentando así anular cualquier responsabilidad al no ser posible determinar el marisqueo.
Asimismo, los responsables de los viveros utilizaban documentos falsos de estuarios portugueses con el fin de enmascarar la procedencia real de la almeja.
Ámbito internacional
Aunque la actividad de las empresas investigadas se centraba en España, toda la almeja procedía del marisqueo furtivo en la costa de Portugal, razón por la que se trabajó con ASAE (Autoridade pela Segurança Alimentaria e Economica), la cual llevó a cabo un gran número de servicios coordinados con el SEPRONA, frustrándose en el mes de octubre de 2019 el último envío que la organización criminal trató de introducir en España, aprehendiéndose 2,5 toneladas de almeja japónica contaminada en suelo luso.
Los grupos de furtivos, dedicados a la recolección de los bivalvos intervenidos, estaban compuestos principalmente por personas de diferentes nacionalidades de Europa del Este, con escasos recursos económicos, que actuaban al margen de la legislación, asignación de cupos, etc. Situación que ha perdurado en el tiempo debido a la alta demanda del sector hostelero en zonas costeras.
Los principales dirigentes y transportistas han sido detenidos en España y en Portugal tras ser objeto de seguimiento y control de las entregas, de los cobros de dinero y verificar tanto la falta de asentamiento como de trazabilidad de la mercancía.
La comercialización de la almeja japónica contaminada fue detectada en restaurantes y comercios dedicados a la venta de moluscos. En ambos casos, desconocedores de la procedencia real, debido a que las depuradoras españolas enmascaraban su origen.
Actividad muy rentable
Durante la operación se han intervenido 38,5 toneladas de almeja japónica. Los cálculos realizados por los investigadores cifran en más de 9 millones de euros los beneficios anuales de esta red delictiva, con una estimación superior a las 1000 toneladas de almeja japónica de procedencia ilícita y que eran recepcionadas por las 11 empresas españolas investigadas.
Seguridad alimentaria
Los organismos con competencia en las CCAA con la coordinación de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) monitorean constantemente las zonas de extracción de moluscos, dictando prohibiciones temporales o permanentes sobre dichas actividades en caso de detección de niveles de riesgo.
La operación ha sido coordinada por Europol y desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) en colaboración con la Dirección de Pesca de Cantabria y sus inspectores, la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y la Autoridad portuguesa para la Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), tutelada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Santander (Cantabria).
