Gana impulso un acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal

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Caladeros 04 Agosto 2015
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530 NEWFISHINGLa FAO ayuda a los países a implementar medidas en los puertos contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Un número cada vez mayor de países ha ratificado un acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal, haciendo crecer el interés sobre la mejor forma de implementar este instrumento jurídico. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se estima tiene un coste de entre 10 000 y 23 000 millones de dólares EEUU para la economía mundial, e impacta de forma negativa en la  gestión de las poblaciones de peces, creando una doble preocupación en todo el mundo. Para ayudar a abordar el problema, la FAO negoció la adopción en 2009 por sus países miembros del Acuerdo sobre medidas del Estado del rector puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El acuerdo entrará en vigor cuando 25 países hayan depositado su instrumento de ratificación, con la aprobación de la adhesión. Hasta el momento, lo han hecho 13 países, los dos últimos fueron Islandia en junio y St. Kitts y Nevis en julio. Las medidas del Estado rector del puerto se refieren en general a las tomadas para detectar la pesca ilegal cuando los barcos llegan a puerto. El acuerdo promueve la colaboración entre pescadores, autoridades portuarias, guardacostas y fuerzas navales para reforzar las inspecciones y procedimientos de control en los puertos y en las embarcaciones. Es importante destacar que también permite a los estados evitar que los barcos desembarquen las capturas derivadas de la pesca INDNR, independientemente del pabellón que enarbolen. "El acuerdo tiene por objeto armonizar los controles portuarios con el fin de evitar que el pescado capturado ilegalmente llegue a entrar en los mercados internacionales a través de los puertos", aseguró Blaise Kuemlangan, Jefe del Servicio de Derecho para el Desarrollo de la FAO. "La capacidad de rechazar buques que participan en la pesca INDNR -añadió- reducirá en forma notable las oportunidades de vender sus capturas, reduciendo así la pesca ilegal en todo el mundo". El Acuerdo permitirá un mejor cumplimiento del Código de Conducta para la Pesca Responsable de 1995, que busca promover la sostenibilidad a largo plazo del sector.

La pesca ilícita -que incluye operar sin autorización, capturar especies protegidas, utilizar aparejos de pesca ilegales y violar los límites de cuota- puede suponer hasta 26 millones de toneladas anuales de pescado al año, más del 15 por ciento de la producción total mundial. Además del daño económico, plantea riesgos para la biodiversidad local y la seguridad alimentaria en muchos países. Taller para los países africanos costeros Para ayudar a los países a fortalecer su capacidad para implementar el acuerdo, la FAO ha convocado una serie de talleres en todas las regiones del mundo. El sexto, financiado por el Gobierno de Noruega y que abarca África occidental, se celebró este mes en Praia, Cabo Verde. Contó con medio centenar de participantes de 16 países costeros africanos, junto con expertos de la Unión Europea, la Organización Marítima Internacional, la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste, la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, la Conferencia de Ministros sobre cooperación pesquera entre los estados africanos ribereños del Océano Atlántico (COMHAFAT), el Pew Charitable Trust y el Fondo Mundial para la Naturaleza. "La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad clave a lo largo de la costa atlántica de África, donde la pesca INDNR contribuye a la sobrepesca, con efectos negativos para las economías de estos países", señaló Remi Nono Womdim, Representante de la FAO en Cabo Verde. Gabón, Mozambique y Seychelles son los únicos países de África que han ratificado el Acuerdo, pero varios otros están a punto de completar el proceso. "Muchos países de la región tienen voluntad para hacer frente a la pesca INDNR, pero necesitan las herramientas más económicas y eficaces y comprender cómo se implementan a nivel jurídico, político e institucional", añadió Womdim. La ratificación del tratado exige a los países para designar puertos que los buques extranjeros pueden utilizar y bloquear la entrada a los buques que se sabe o se cree que han participado en la pesca INDNR, así como compartir información con otros gobiernos sobre los barcos que han sido descubiertos llevando capturas ilícitas. En total, los países signatarios que han completado el proceso de ratificación son Chile, la Unión Europea, Gabón, Islandia, Mozambique, Myanmar, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, San Kitts y Nevin, Seychelles, Sri Lanka y Uruguay