Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Vinarós 

Dil. Prev. 140/2015 (Castor) con enlace en www.miguelgallardo.es/igme.pdf 

Miguel Torres Álvarez, del Iltre. Colegio de Procuradores de Guadalajara, según consta al Juzgado en estos autos representando al ingeniero de minas Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz y a la mercantil Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA, SLU) cuyo teléfono es 902998352, bajo la dirección letrada del Dr. José Manuel López Iglesias, considerando la providencia de 15.12.15, notificada el 2.2.16, como mejor proceda, DICE:

1º Mis dos representados siempre han cumplido todos los requisitos y atendido todos los requerimientos para estar bien personados en esta causa. Tras más de sietemeses (y de haber denunciado hace ya varios años más en la Fiscalía), no renunciamos absolutamente a ningún derecho ni a ningún recurso pendiente de resolver para ejercer las acusaciones, ni por la persona física, ni por la jurídica a las que represento, porque ambas están amparadas por el art. 125 de la CE. Si otras partes, en especial, la Abogacía del Estado, ponen impedimentos, debieran ser entendidos por el Juzgador como un mayor mérito de mis representados. Pero no queremos poner la menor dificultad a la instrucción. Si el juzgado nos tiene por personados, siempre que quede clara constancia de nuestras manifestaciones en autos, podemos renunciar a recursos pendientes, pero si uno u otro representado por este procurador sufren más impedimentos o dilaciones, mis instrucciones son claras para recurrir hasta la última instancia. Queda a criterio del juzgador, o del Letrado de la Administración de Justicia, la economía procesal pero, insistimos en dejar constancia de las dilaciones y de todos los impedimentos por los que se nos dificulta el ejercicio de un derecho constitucional.

2ª Sin haber podido acceder a las actuaciones todavía, tuvimos conocimiento de que se ha declarado “causa compleja”. El Consejo de Ministros de 13/3/2015 promovió MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA en delitos complejos ya aplicables a esta causa. Pues bien, considerando que numerosos imputados son, o han sido, funcionarios o empleados públicos en el Instituto Geológico Minero de España (IGME), por experiencias periciales del Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, entendemos que los correos electrónicos de los empleados públicos imputados, y posiblemente de los letrados y abogados del Estado que se han relacionado con el proyecto Castor, son fundamentales para una instrucción eficaz de esta “causa compleja”. Si el IGME no guardase copias de seguridad de sus servidores de correo electrónico (lo cual sería gravísimo en sí mismo), al menos sí que deben estar disponibles los registros de los LOGs, es decir, los METADATOS de las comunicaciones telemáticas del dominio www.igme.es que, según hemos podido averiguar, dependen legalmente de

Sin embargo, podemos asegurar que esos datos están desactualizados, por lo que entendemos que al director del IGME Jorge Civis Llovera, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Tel. 913 495 963 Fax 913 495 817 y  al Secretario General Carlos Manuel Abad Ruiz Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con Tel. 913 495 838 Fax 914 426 216 se les debe requerir para que localicen todas las copias de seguridad de ordenadores y especialmente de servidores de correos electrónicos preservándolas con la máxima seguridad y que proporcionen, al menos, los listados de METADATOS y también, si estuvieran disponibles todavía, todos mensajes enviados y recibidos por los empleados del IGME investigados en esta “causa compleja” con tanta antigüedad como sea posible.

Obviamente, de esos mensajes (o METADATOS de mensajes), serían de especial interés los recibidos o enviados por los investigados con las personas físicas o jurídicas más beneficiadas por sus actuaciones presuntamente ilícitas que ya constan en autos.

Para garantizar cualquier derecho a la privacidad o de protección de datos personales, el juez puede, y entendemos que debe, practicar un EXPURGO JUDICIAL. Nos consta que la Policía Judicial ya conoce perfectamente las técnicas para recuperar correos electrónicos y metadatos antiguos, por ejemplo, en casos como Cofely, Instituto Nóos, o Caja Madrid (BANKIA) que eran entidades privadas, pero con más motivo aún deben ser recuperados con el máximo celo y rapidez cuando se trata de entidades públicas, como lo es el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), numerosos ayuntamientos, o más recientemente, la empresa pública ACUAMED en el Juzgado Central de Instrucción 6. Los mismos policías judiciales que han investigado los correos de ACUAMED pueden elaborar un informe parecido sobre los correos del IGME más antiguos disponibles en relación con Castor.

Por lo expuesto, solicito al Juzgado que tenga por presentado este escrito y se proceda de la manera más eficaz para instruir haciendo uso de las MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA aquí propuestas, reiterando todas las manifestaciones de mis escritos anteriores por ser Justicia que pedimos en Madrid para Vinarós, a 7 de febrero de 2016.

Dr. José Manuel López Iglesias, Abogado y Miguel Torres Álvarez, procurador

Tel.: 902998352 Documento con enlace en www.miguelgallardo.es/igme.pdf

https://docs.google.com/document/d/1vmPGLKc7nLyBCUqGKouNaf2LIWCXJqjT6ZOalMGL6Bs/edit

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