Durante el último año, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del SEPRONA de la Guardia Civil ha venido trabajando en la denominada “OPERACIÓN YUYUS” contra la pesca ilegal a nivel internacional, que ha culminado con 6 personas detenidas y otras 16 investigadas, la realización de 5 registros en diferentes sedes empresariales y domicilios, así como la incautación de dinero y otros bienes de distinta naturaleza.
A lo largo de la investigación se pudo acreditar que los implicados llevaban a cabo diversas acciones ilícitas relacionadas con la pesca ilegal en la Antártida. Su campo de actuación abarcaba, desde la práctica de capturas ilegales como actividad principal, a otras que permitirían blanquear los beneficios ilegalmente obtenidos, estando pendiente esta investigación.
La Convención CCAMLR
Esta Convención internacional nació para proteger el espacio que comprende la Antártida y sus aguas circundantes, siendo el principal objetivo la preservación de los recursos vivos marinos antárticos. De hecho, el bien más preciado en las antípodas no es una especie concreta sino el delicado equilibrio biológico.
Los responsables científicos de la zona realizan constantes estudios y comprobaciones para establecer los niveles poblacionales de cada una de las especies, distribuyendo espacios en los que la pesca se autoriza con límites o restricciones concretas y otros en los que se excluye cualquier actividad pesquera.
España, parte en la Convención desde 1984, se compromete como tal a llevar a cabo cuantas acciones sean precisas para conseguir los objetivos marcados. Entre esas acciones se incluye el desempeño de acciones judiciales y policiales como la que acaba de culminar la Guardia Civil.
Desarrollo de la Operación YUYUS
En marzo de 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) informó a la Guardia Civil de las circunstancias que rodeaban la actividad de un grupo de armadores ubicado en Galicia responsable de diversas infracciones y sanciones, no sólo en España, sino también en otros países.
Desde ese momento, y en colaboración con la Subdirección General de Control e Inspección de Pesca, se inició una compleja operación que presentaba multitud de conexiones en distintos países y ámbitos delictivos.
Desde el primer momento se pudo contar con precisos informes técnicos aportados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), entidad que ejerce la representación de España en la Convención CCAMLR.
Los informes del IEO permitieron establecer el "delito madre" de tipo medioambiental sobre el que se empezó a trabajar con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, siendo dicha Fiscalía la que encauzó finalmente la investigación a la Audiencia Nacional. Abiertas diligencias informativas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se empezó a trabajar policialmente con INTERPOL.
El proyecto SCALE –en materia de delitos pesqueros- de la Subdirección de Seguridad Ambiental de INTERPOL gestionó diversas reuniones internacionales para coordinar la acción de las autoridades competentes en los países afectados. Asimismo, obtuvo información de los investigados en los diferentes países donde operaban.
Miembros del SEPRONA y del MAGRAMA asistieron en agosto de 2015 a la reunión convocada en el Complejo Mundial de INTERPOL para la innovación de Singapur, en la que participaron representantes del propio país, Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, Malasia, Vietnam y Tailandia.
En diciembre del mismo año, en la sede de la Secretaría General de INTERPOL en Lyon, una nueva convocatoria reunió a los investigadores españoles con técnicos de Noruega, Canadá, Reino Unido, Santo Tomé y Príncipe, Alemania y Senegal, país éste que desempeñaría posteriormente un importante papel en la investigación.
La singladura del "KUNLUN"
Si bien el grupo gallego contaba con tres buques faenando en la Antártida, la parte central de la investigación se centró en el barco llamado "KUNLUN", nombre que ostentaba al inició de la operación y que, como era práctica habitual para intentar burlar los controles, cambiaron posteriormente.
El "KUNLUN", con bandera de Guinea Ecuatorial, fue abordado por patrulleras australianas y neozelandesas en las aguas de la Antártida al inicio de la temporada de pesca 2014-2015.
En marzo de 2015, arribó al puerto de Phuket (Tailandia) donde, al declarar falsamente como “mero” la mercancía que transportaba, fue intervenido por las autoridades. A partir de ese momento, el barco pasó a llamarse "TAISHAN", ondeando en este caso bandera de Indonesia.
Tras permanecer varios meses a la espera de la resolución de las autoridades, en el mes de septiembre se dio a la fuga con tan sólo cinco oficiales a bordo, perdiéndosele temporalmente la pista.
En noviembre, el mismo barco arribó al puerto de Dakar, donde descargó la mercancía para su posterior envío a través de una empresa carguera con destino a Vietnam.
Cuando los agentes del SEPRONA, junto con personal del MAGRAMA y de INTERPOL, se desplazaron a la capital de Senegal para apoyar a los responsables nacionales en la inspección del barco, encontraron importantes pruebas que determinaban que dicho buque era en realidad el "KUNLUN", además de otros elementos incriminatorios.
El barco, en ese momento denominado "ASIAN WARRIOR", contaba con bandera de conveniencia legal de San Vicente y Granadinas. Para obtener el abanderamiento podrían haber falseado la documentación de trámites y la habilitación recogía claramente que “no permitía la navegación", a pesar de lo cual había llegado a Dakar.
En cuanto a la mercancía, a través de INTERPOL se pudo contactar con las autoridades vietnamitas para que fuese inmovilizada, siendo la misma más de 183 toneladas de merluza negra declarada como atún. El valor de dicha mercancía en el mercado ascendería a unos dos millones de euros.
Blanqueo de capitales a través de empresas e indemnizaciones
La Operación YUYUS, denominada así como un juego de pronunciación sobre la condición pirata de los buques (IUU, Illegal, Unreported and Unregulated), ha permitido poner al descubierto la trama que, supuestamente y como perfecto grupo criminal organizado, había establecido el grupo gallego.
Los beneficios calculados de la venta ilegal de la merluza negra pueden superar anualmente los 10 millones de euros (el precio medio de este pescado en su destino final supera los 50 euros por kilo).
Para el aprovechamiento de esos beneficios ilegales en España contaban con diversas empresas que, a pesar de ser deficitarias, mantenían su actividad gracias a la inyección del dinero fraudulentamente obtenido.
Por otra parte, en el historial del grupo se encuentra el hundimiento de un carguero que transportaba la mercancía de los tres buques investigados, invirtiendo el dinero de la indemnización recibida para la compra de un buque legal, lo cual supondría una forma más de blanqueo.
Las más de veinte personas implicadas, entre detenidos e investigados, han sido acusadas por su relación en presuntos delitos contra los recursos naturales y el Medio Ambiente, blanqueo de capitales y falsedad documental, todo ello bajo estructura de grupo criminal organizado.
