Las seis sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, dictadas el 18 de febrero de 2026, han redefinido la práctica concursal española y han elevado el nivel de preparación necesario en los expedientes de segunda oportunidad. Lexitia aborda esta etapa con un 96 % de éxito en sus últimos procedimientos y con una Garantía de Éxito incluida en contrato, que prevé la devolución de honorarios en determinados supuestos, una fórmula aún poco frecuente en el sector.

Madrid, junio de 2026. El año 2026 se ha convertido en un momento clave para la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en 2026 dentro del marco jurídico español. La reforma estructural impulsada por la Ley 16/2022 ya había simplificado el acceso al mecanismo al eliminar el acuerdo extrajudicial previo, reducir los plazos e integrar el régimen en el Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC, Real Decreto Legislativo 1/2020). Sin embargo, la verdadera consolidación práctica ha llegado con la doctrina judicial fijada durante este año.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado la aplicación del principio de proporcionalidad en la exoneración de deuda pública, de acuerdo con la Directiva (UE) 2019/1023. Esa orientación, especialmente vinculada a la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2024 en los asuntos acumulados Corván, C-289/23, y Bacigán, C-305/23, ha tenido una traslación directa en España a través del Tribunal Supremo, que el 18 de febrero de 2026 dictó un conjunto de resoluciones de especial importancia para la práctica forense.

El Tribunal Supremo fija criterio: las sentencias de febrero de 2026

Las sentencias n.º 259 a 264/2026, dictadas por la Sala Primera el 18 de febrero, han construido una doctrina ordenada y aplicable de inmediato en todo el territorio nacional. Su lectura conjunta permite identificar varias consecuencias prácticas relevantes:

Control judicial de la buena fe: el órgano judicial debe comprobar de oficio si el solicitante cumple el requisito de buena fe necesario para acceder a la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), aunque los acreedores no hayan planteado esa cuestión. Esta exigencia obliga a preparar desde el inicio una documentación completa y una argumentación jurídica consistente, conforme al artículo 487 y siguientes del TRLC.

Derivación de responsabilidad tributaria: la existencia de un acto administrativo de derivación de responsabilidad fiscal no supone por sí sola una causa de exclusión del EPI. Para que pueda impedir el acceso a la exoneración, esa derivación debe estar vinculada a una conducta fraudulenta debidamente acreditada, en aplicación del principio de proporcionalidad.

Crédito público: límites diferenciados por Administración y accesorios subordinados: en el caso del crédito principal de Derecho público, la exoneración alcanza íntegramente los primeros 5.000 € y el 50 % hasta un máximo de 10.000 €, conforme al art. 489.1.5.º TRLC. El Tribunal Supremo aclara que ese límite se aplica por separado a cada Administración acreedora, no únicamente a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, sino también a administraciones autonómicas y locales. Además, precisa que los créditos públicos subordinados, como intereses de demora, recargos y sanciones, pueden quedar exonerados en su totalidad, sin quedar sometidos a ese límite económico.

Examen obligatorio de la exoneración parcial: cuando no proceda conceder una exoneración total, el juzgado debe valorar necesariamente si resulta viable una exoneración parcial mediante un plan de pagos proporcionado a la capacidad económica del deudor, conforme a los artículos 490 y siguientes del TRLC.

Revisión reforzada de las causas de exclusión: las condenas penales firmes por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, dentro de los plazos previstos en el TRLC, actúan como causa de exclusión. Por esta razón, resulta imprescindible revisar la viabilidad del expediente y el historial del solicitante antes de iniciar cualquier procedimiento.

Esta doctrina acerca la práctica judicial española a los criterios de la Directiva (UE) 2019/1023 y confirma una conclusión cada vez más asumida por los profesionales del sector: en los procedimientos de segunda oportunidad, la diferencia entre obtener una resolución favorable o afrontar un rechazo judicial depende en gran medida de la calidad técnica del expediente.

Qué permite realmente la Ley de Segunda Oportunidad

La Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), incorporada al ordenamiento español por la Ley 25/2015 y reformada en profundidad e integrada en el TRLC mediante la Ley 16/2022, permite a personas físicas, tanto particulares como autónomos, cancelar total o parcialmente sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia. En concreto, este mecanismo permite:

Cancelar préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos y deudas con entidades financieras.

Suspender las ejecuciones individuales en curso durante la tramitación del concurso, conforme a los efectos previstos en el TRLC para la insolvencia de la persona natural.

Exonerar determinadas deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, dentro de los límites y requisitos del TRLC precisados por el Tribunal Supremo, incluidos íntegramente los intereses y costes accesorios de carácter subordinado.

Abrir una nueva etapa con seguridad jurídica y sin mantener una carga económica imposible de atender.

Lexitia: especialización y resultados en 2026

En un mercado en el que la doctrina reciente del Tribunal Supremo obliga a trabajar con mayor precisión jurídica, Lexitia, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, se sitúa en el segmento de mayor exigencia para particulares y autónomos que necesitan acogerse a este mecanismo. En sus últimos 150 procedimientos tramitados, Lexitia registra una tasa de éxito del 96 %, según los datos internos de seguimiento del despacho.

Cuatro elementos explican estos resultados:

Especialización exclusiva en Derecho Concursal y Segunda Oportunidad: el equipo concentra su actividad en esta materia y no reparte recursos entre otras áreas jurídicas, lo que permite una dedicación completa a la práctica concursal.

Análisis de viabilidad previo riguroso: conforme a la nueva doctrina del Tribunal Supremo, Lexitia estudia cada caso antes de ponerlo en marcha. Ese análisis permite detectar causas de exclusión del EPI, antecedentes penales relevantes, riesgos de derivaciones tributarias de origen fraudulento y posibles escenarios de exoneración parcial. Ningún procedimiento se inicia sin una estrategia jurídica sólida.

Tecnología aplicada con garantías completas: la integración de herramientas de inteligencia artificial en la preparación y seguimiento del expediente ayuda a reforzar la documentación del caso, con tratamiento de datos conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018.

Transparencia total en honorarios: sin costes ocultos, con planes desde 99 €/mes y consulta inicial gratuita. Las condiciones económicas y las garantías constan expresamente en el contrato de servicios, conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios.

Alberto Raba, Director de Lexitia, considera que el punto decisivo no está en prometer resultados imposibles, sino en analizar la viabilidad de cada expediente antes de iniciarlo. Según su valoración, las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026 confirman una metodología que Lexitia aplica desde el primer día: relación cercana con el cliente, preparación profunda del expediente y uso de herramientas tecnológicas disponibles para marcar la diferencia entre reconstruir una vida o recibir una resolución judicial desfavorable.

La Garantía de Éxito de Lexitia

Lexitia ofrece una Garantía de Éxito contractual, una fórmula poco habitual dentro del sector. No se trata de una promesa comercial genérica, sino de una condición recogida expresamente en el contrato de servicios, con sus requisitos, alcance y exclusiones definidos conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). El contrato establece con precisión qué se considera éxito, cuándo puede activarse la devolución de honorarios y qué condiciones delimitan esta garantía.

La garantía se considera cumplida cuando el procedimiento finaliza mediante:

La obtención del EPI en modalidad de exoneración total o parcial del pasivo insatisfecho.

La aprobación judicial de un plan de pagos conforme a la normativa vigente.

Cualquier otra solución procesal ajustada a derecho planteada como escenario viable tras el análisis inicial.

Si el procedimiento no alcanza ninguno de estos resultados por una causa directamente imputable a una actuación negligente de Lexitia, el cliente tiene derecho a solicitar la devolución de los honorarios abonados, con la deducción de los costes administrativos mínimos detallados en el contrato. Esta estructura alinea los incentivos del despacho con el interés del cliente mediante una fórmula singular en el mercado de la cancelación de deudas.

Alberto Raba, Director de Lexitia, entiende que la Garantía de Éxito no debe verse como una acción de marketing, sino como la consecuencia natural de trabajar correctamente desde el primer momento. Según explica, cuando el análisis de viabilidad se realiza con rigor y la preparación del expediente es impecable, el éxito se convierte en la norma y no en la excepción.

Cómo elegir despacho: cuatro criterios irrenunciables en 2026

A la luz de la nueva doctrina del Tribunal Supremo, Lexitia señala cuatro criterios que cualquier deudor debería comprobar antes de contratar un despacho:

Especialización real y exclusiva en Derecho Concursal, no como servicio añadido a otras áreas.

Transparencia total en honorarios desde el primer momento, con condiciones reflejadas en contrato.

Análisis de viabilidad previo adaptado a la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo, para no iniciar procedimientos abocados al rechazo.

Garantía contractual que vincule al despacho al resultado definido, con condiciones claras conforme a la normativa de consumidores.

Lexitia ofrece una primera consulta gratuita y planes de pago adaptados desde 99 €/mes, accesibles en toda España.

Sobre Lexitia

Lexitia es una legal tech española especializada en exclusiva en la Ley de Segunda Oportunidad y el Derecho Concursal, con sede en Madrid y atención en toda España. Su equipo combina experiencia jurídica concursal con un enfoque tecnológico diferencial y plena observancia de la normativa de protección de datos. Su servicio está orientado a quienes buscan abogados especialistas en Segunda Oportunidad para afrontar una situación de insolvencia con análisis previo, estrategia y garantías contractuales.

Más información en lexitia.com.