El Observatorio de Bienestar Animal (OBA), en colaboración con Protección Animal Ecuador, ha presentado hoy el informe internacional “Cheap Shrimp, High Costs”, una exhaustiva investigación científica y técnica elaborada por la organización Foodrise que revela el severo impacto ambiental, climático y laboral oculto tras el consumo masivo de langostinos en Europa y, en particular, en nuestro país. Este documento desvela que España se ha convertido en el principal motor europeo de esta industria, importando anualmente de Ecuador más langostino del que se pesca o se cría en la totalidad de la Unión Europea junta. Esta fortísima demanda está financiando un modelo acuícola que ya ha provocado el colapso de hasta el 90% de los manglares en algunas zonas de la costa ecuatoriana y mantiene a un 63% de sus trabajadores en condiciones de máxima precariedad laboral, de acuerdo al documento.

A pesar de haberse consolidado como un alimento básico, barato y de acceso diario en los supermercados y cadenas de restauración españolas, las personas consumidoras permanecen completamente ajenas a esta cruda realidad: en Europa se consume tres veces más langostino de granja intensiva ecuatoriana que el salvaje capturado por las flotas pesqueras comunitarias. Ecuador se ha erigido en el mayor productor y exportador mundial de este crustáceo, alcanzando en 2025 una facturación histórica de 8.400 millones de dólares y superando por primera vez al petróleo crudo como el principal motor económico de su estructura nacional. Sin embargo, este crecimiento exponencial —que ha escalado de las 40.000 toneladas en el año 2000 a un estimado de 1,2 millones de toneladas en la actualidad— se encuentra fuertemente concentrado en apenas dos corporaciones exportadoras que acaparan un tercio de todo el valor del sector, dejando tras de sí una insostenible degradación en los ecosistemas locales.

Además, y de acuerdo al informe, el 80% del impacto ambiental de la industria camaronera viene derivado de la producción de pienso para la cría de langostinos. El crecimiento de esta industria está siendo financiado y liderado por gigantes corporativos europeos y estadounidenses. Estas compañías, si bien no son muchas, pero sí grandes, están disparando sus emisiones de CO2 al depender masivamente de la soja y harinas de pescado, haciendo que la huella de carbono de la producción de langostino,supere en emisiones a la producción de vacuno lechero.

La investigación de Foodrise cuantifica este impacto ambiental sobre la geografía ecuatoriana, señalando que los estanques para la acuicultura de langostinos ocupan ya unas 220.000 hectáreas de suelo costero. El informe certifica que la pérdida histórica del 57% de la cobertura total de manglares del país —que en algunos de los estuarios del Golfo de Guayaquil llega a un alarmante colapso del 90%— equivale a la destrucción de un ecosistema que resulta indispensable para capturar carbono y mitigar la crisis climática global. A esta pérdida superficial se le suma una pesada huella de carbono oculta en su cadena global de suministro: debido a su gran dependencia de piensos industriales basados en soja y harinas de pescado, el langostino arrastra un impacto climático masivo. Una sola porción de 100 gramos de langostino de cultivo genera 18 kg de emisiones de CO₂e, más que el equivalente de vacuno lechero medio (17 kg CO₂e), lo que convierte al langostino de cultivo en el tercer sistema alimentario más intensivo en emisiones, sólo por detrás de la carne de vacuno y el cordero (Poore & Nemecek, Science, 2018).

Ante la gravedad de estos hallazgos, Miriam Martínez, Directora de Bienestar Animal en el Observatorio de Bienestar Animal, advierte de que “es inadmisible que el langostino que se consume a diario en España se sustente sobre la destrucción de las costas de Ecuador. Las empresas que los ponen al alcance de las personas consumidoras deberían conocer bien el impacto de sus productos tanto a nivel de bienestar animal como de impacto ambiental. Y, más importante, deberían ser transparentes sobre esto para que sus clientes puedan realizar compras con toda la información.” 

El informe también analiza el impacto de la actividad acuícola en los recursos hídricos costeros. Según los datos recopilados, el principal impacto en el agua proviene de la carga orgánica generada por los piensos y los propios desechos metabólicos de los animales. En concreto, por cada tonelada de langostinos que se produce, el sistema genera más de 51 kilos de desechos de nitrógeno, de los cuales más de la mitad (26 kilos por tonelada) acaba siendo vertida de forma directa y final a las aguas de los ríos y costas circundantes.

Asimismo, el dossier denuncia el uso recurrente —en cantidades opacas para autoridades y consumidores— de antibióticos críticos para la medicina humana. Aunque la normativa ecuatoriana limita estas sustancias, su empleo persiste para contener patologías derivadas de las condiciones de hacinamiento, incrementando así el peligroso riesgo de proliferación de bacterias resistentes.

En el plano social, los datos recopilados junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirman que el 63% de los operarios acuícolas carecen de contrato formal, lo que cronifica la precariedad laboral.

A esto se suman las permanentes tensiones territoriales con las comunidades ancestrales, provocadas por la agresiva adquisición de terrenos por parte de grandes corporaciones para expandir unas granjas acuícolas que destruyen hogares y desplazan de forma forzosa a la población nativa.

Toda esta realidad sobre el terreno ha sido documentada gracias a un detallado archivo audiovisual que incluye impactantes imágenes de investigación obtenidas por la organización WeAnimals, las cuales exponen de manera explícita la masificación, las condiciones de las fincas acuícolas industriales y el deterioro de los entornos naturales explotados en Ecuador.

“La ciudadanía tiene derecho a saber que el precio sumamente bajo de este producto se está pagando con destrucción ecológica y precarización laboral en otros países; no podemos seguir externalizando nuestro impacto ambiental sin asumir ninguna responsabilidad corporativa ni ética”, sentencia M. Martínez desde el Observatorio de Bienestar Animal.